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Nuestra  democracia en México ha llegado a ser hasta hoy día una democracia a medias: contamos con el derecho de votar libremente por los candidatos de nuestras simpatías, de nuestras confianzas o del que, por capricho, queremos que gane.    Los candidatos a ocupar los cargos del gobierno deben hacer campañas para conseguir el mayor número de votos que los lleve a ocupar los tan ansiados cargos en razón de que en nuestro sistema electoral quien obtiene la mayor cantidad de boletas a su favor consigue, por derecho, el puesto.     Nuestros gobernantes no llegan a ocupar ningún cargo de gobierno por designación directa del jefe o patrón superior, sino que su nombramiento proviene de la voluntad ciudadana.    El puesto de gobernante no les llega de arriba hacia abajo, sino de abajo (de las bases) hacia arriba.   Es a esto a lo que algunos llaman el poder ciudadano, el poder del pueblo: es decir el poder que la ciudadanía tiene de determinar quién y qué clase de gobernante quiere tener.

Pero donde nuestra democracia comienza a tener problemas es en el momento mismo en que los ganadores de los referidos puestos toman posesión.    El entendido razonable del proceso electoral es que al escoger los electores a la o las personas que va a gobernarlos es con la finalidad de tener la plena confianza de que lograrán tener en su gobierno personas honestas, razonables y responsables de la administración de los recursos destinados a las mejoras de la comunidad y del orden público que les permitan tener seguridad y paz en la vida social.    Es claro que para que todo esto se haga realidad sería necesario que los ciudadanos contaran con el derecho legal, un derecho plasmado como ley, de poder pedir cuentas y de poder fiscalizar tanto el manejo de los recursos públicos como el de la forma de cuidar la seguridad y la paz social.   Pero, no.    Ahí es donde la puerca comienza a torcer el rabo.

Con el pretexto de cada uno de los niveles de gobierno son autónomos, en el caso de nuestro sistema de gobierno, una vez apostados en el cargo comienzan por olvidarse y a hacer a un lado las solicitudes, las propuestas y las exigencias de la gente.    A partir de entonces comienzan a hacer de los recursos que son propiedad de los ciudadanos lo que se les antoja.   Si durante las campañas electorales hicieron ofrecimientos los hicieron intencionadamente mentirosos porque jamás los cumplen; y de las obras y acciones que los ciudadanos demandan que se realicen no se preocupan por llevar a cabo ninguna, más que las que están comprometidos a hacer por compromisos partidarios o de apoyos recibidos.    ¡Y de ahí en adelante todo es para “miguelito” o “mitá pa ti y mitá pa mí”.     Si los ciudadanos piden y exigen cuentas a esos gobernantes siempre los remiten a sus “representantes populares”, los diputados, que no son más que otros igual que los llamados a cuentas.    El pueblo les dice que todos ellos se tapan con la misma cobija: con la cobija de la impunidad.

Con la promulgación de nuestra Constitución en l917 en la que se nos garantiza una República federal, principios democráticos, igualdad de derechos para todos los ciudadanos, oportunidades para todos y segura participación ciudadana en los asuntos públicos, se nos dice que nuestra libertad para vivir en un estado de derecho está garantizada.  Y eso nos lo repiten insistentemente todos los líderes políticos y todos los que en algún momento llegan a ocupar cargos importantes en  cualquier nivel de gobierno.   Pero cuando se trata de hacer efectivos esos principios es donde el ciudadano queda relegado y marginado.   En la última propuesta sobre la reforma política para el país que el Presidente Felipe Calderón ha lanzado y que insiste en que se le apruebe tiene como eje central la promoción de la participación ciudadana para que quede ya debidamente legislada.   Pero en México hay muchas leyes que son letra muerta, que en el momento preciso en que hay hacerlas cumplir tanto autoridades como ciudadanos se hacen los olvidadizos para que se cumplan; y más cuando con su aplicación se pueden ver afectados intereses personales de gobernantes, funcionarios o gente con influencia económica o política.   El Presidente Calderón ha llegado a decir que es necesario otorgar mayor autoridad a los ciudadanos en los asuntos públicos.  Pero creemos que la sociedad civil no está pidiendo autoridad porque no es su misión hacer las funciones que las autoridades deben hacer.   La sociedad civil pide y exige que se le respete el derecho de participar proponiendo, colaborando y vigilando las acciones de gobierno y de administración de las autoridades; y que cuando se detecten funcionarios cometiendo actos de corrupción, de deshonestidad, de incapacidad o de marcado desdén y que sean señalados y acusados ante las dependencias fiscalizadoras se les haga caso y se actúe en consecuencia, y no como está sucediendo en la actualidad que se levantan miles de quejas e inconformidades contra Presidente Municipales, funcionarios estatales y federales para que nunca se vea una sola acción correctiva en contra de todos esos malos funcionarios con el cuento de que para que eso ocurra necesita el ciudadano presentar pruebas contundentes de los actos delictivos que demandan.    ¿Cómo puede la sociedad civil presentar pruebas contundentes cuando todos los documentos con los que puede acreditar sus quejas se mantienen ocultos en los escritorios de los mismos acusados?   Además, la sociedad civil no es autoridad, aunque tiene el pleno derecho de señalar los actos de corrupción y los malos manejos administrativos de sus autoridades para que la autoridad judicial investigue y actúe conforme a la ley.

No bastan ofrecimientos.  Es necesario que el ciudadano, que la sociedad civil levante la voz y la mano para exigir que se le respete el derecho de participación en la administración pública de todos los niveles.   Pero que eso no se manipule conformando comités o comisiones ciudadanas que llegan a caer bajo el control de las mismas autoridades a las que, supuestamente, van a vigilar.   Existen comités, comisiones u otra clase de organismos dizque ciudadanos que dependen del financiamiento que el mismo gobierno les otorga y que cuando quieren les retienen los apoyos o de plano se los niegan a través de mil subterfugios para  que no puedan cumplir su función, y sí los apoyan cuando sus integrantes son mansas ovejas que acuden al primer toque de cencerro de la autoridad a la que deben vigilar y exigir.

Los ciudadanos son quienes construyen el tamaño de la grandeza de un país.  Si vemos países con grandes economías, con enormes empresas, con carreteras, eficientes servicios médicos, escuelas y universidades de las que egresan eficientes profesionistas, grandes centros de investigación tecnológica y un sistema de vida mayoritariamente satisfactorio, es porque sus habitantes, sus ciudadanos se entregan al trabajo y buscan diariamente la superación personal, familiar y social.   Un gobierno solo no puede hacer un país próspero.  Un país con ciudadanos apáticos, flojos, despreocupados y esperanzados a que todo se lo resuelvan las autoridades será un país y un pueblo que no pasará de la mediocridad.  Es imperioso que despertemos y nos convirtamos en una sociedad civil participativa: que exija los derechos que le corresponden de acuerdo a la Constitución pero también que colabore en los esfuerzos para sacar del rezago a sus pueblos.

Huixtla, desgraciadamente, no cuenta con una sociedad civil participativa.  Se tiene entre nosotros la idea de que todo ciudadano que levanta la voz y pide y exige mayor responsabilidad y honradez a nuestras autoridades es alguien que anda tras el hueso; y que protesta porque no forma parte de los que se despachan con la cuchara grande.   El ciudadano responsable es aquel que se preocupa por el bienestar y el progreso de su pueblo o de su ciudad, no el que busca colocarse políticamente para después pasarse al otro lado de la mesa y aprovecharse del cargo.  La verdadera sociedad civil, el verdadero ciudadano es el que se gana su dinero con el trabajo honesto y comprometido, el que participa en el esfuerzo común para conseguir una ciudad más habitable, más segura, más atractiva, más progresista.

Esa es la sociedad civil y esos los ciudadanos que necesitamos.   Solamente con ellos podríamos tener autoridades municipales que hicieran algo por el bienestar de Huixtla; solo así dejaríamos de estar lamentándonos del atraso, del abandono, de la desgracia en que nos hunden cada tres años gentes que buscan el poder solo para su beneficio personal.